La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el ex gerente de Onda Jerez, Pedro Rollán, al fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Jerez, que desestimaba la demanda interpuesta por Rollán contra Onda Jerez por despido improcedente. Al menos así lo ha anunciado hoy el gobierno municipal a través de un comunicado de prensa.

En el mismo afirma que el auto, con fecha 8 de enero de 2013, ratifica los puntos de la sentencia del Juzgado de lo Social de Jerez que recogía como hecho probado que Pedro Rollán prestaba servicios en Onda Jerez como director-gerente con un contrato de alta dirección suscrito desde el 17 de marzo de 2005.

Hay que recordar que el ex gerente de la televisión municipal interpuso una demanda por despido improcedente con fecha 8 de julio de 2011 alegando tener con la empresa una relación laboral común y no de alta dirección.

La sentencia emitida por el Alto Tribunal andaluz vuelve a ratificar que Pedro Rollán sí tenía un contrato de alta dirección en Onda Jerez, ya que, recoge textualmente el auto, “lo que realmente interesa es la existencia de una efectiva atribución de facultades de dirección así como del poder empresarial de decisión”  y que, por tanto, no ha sido objeto de despido, habiendo quedada extinguida la relación laboral en debida forma por desistimiento unilateral del empresario.

Pedro Rollán fue cesado como gerente de Onda Jerez en una decisión que obedecía, según explicó la propia alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a una cuestión fundamentalmente económica. El comunicado del Ayuntamiento apunta que cuando el anterior gobierno socialista, presidido por Pilar Sánchez, contrató a Rollán en el año 2005 el gasto de personal en la televisión municipal era ya de 2,4 millones de euros, cantidad que llegó en 2010 a casi 3,4 millones de euros. Igualmente, las pérdidas no pararon de crecer al pasar de 676.242 euros en 2005 a 2.838.751 euros en 2010. A pesar de ello, el ex director-gerente cobró sueldos sucesivos en 2005 de 70.000 euros; 92.500 al año siguiente; en 2007, 92.000 euros; 94.700 un año después; en 2009, 85.500 y, finalmente, en 2010, 75.000 euros.

El Gobierno local manifiesta su “total confianza en el proceso de elaboración de la RPT, un documento que se ha elaborado cumpliendo la más absoluta legalidad y con total transparencia”. El Ejecutivo local recuerda además que el documento cuenta con el respaldo jurídico de las administraciones legitimadas para recurrir el texto si no se ajusta a derecho, ya que ni la Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno andaluz, ni el Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno, han recurrido la RPT en el plazo que marca la ley.

Por tanto, el segundo teniente alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de la demanda presentada por el sindicato ATMJ contra la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Junta de Gobierno local el pasado 19 de julio de 2012, muestra “absoluta tranquilidad ante lo que considera una práctica normal dentro del proceso si no se está de acuerdo con el documento aprobado”.

El delegado recuerda además la voluntad de diálogo y negociación puesta de manifiesto desde el principio por el Gobierno local con la convocatoria de 26 reuniones pese a no ser necesario por ley un acuerdo para su aprobación.

Javier Durá destaca además que “con la admisión CCa trámite de esta demanda, los representantes de la ATMJ tendrán que explicar a los magistrados determinadas situaciones retributivas incomprensibles y desorbitadas con las que se encontró este Gobierno local al comienzo de la actual legislatura en materia de Personal”.

Precisamente, el delegado explica que la RPT “es un documento histórico que viene a poner orden en el caos organizativo que había en el Ayuntamiento, por carecer de este documento, además de poner fin a las arbitrariedades retributivas”. Igualmente, permitirá hacer carrera administrativa en el Ayuntamiento. Por último, recuerda que “el documento dota al Consistorio de una estructura profesional reconocida y organizada”.

Foro Ciudadano de Jerez ha aplaudido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de admitir a trámite la demanda de la Asociación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento aprobada por el gobierno local del PP y que encierra, según ha venido denunciando esta organización política desde hace muchos meses atrás, un decálogo de ilegalidades. Es por esto que esta organización se felicita porque el Alto Tribunal andaluz respalde las tesis que ha venido manteniendo este grupo en todo este tiempo, cuando no sólo ha denunciado públicamente las irregularidades y arbitrariedades que acumulaba el documento y los acuerdos posteriores en junta de gobierno local, sino cuando ha remitido estas denuncias a la Junta de Andalucía, responsable en última instancia de autorizar la aprobación de este documento que en teoría debía regular la estructura de la plantilla municipal. De hecho, el TSJA ha “encontrado indicios de que en la RPT del PP se habrían cometido determinados actos ilegales relacionados con la falta de negociación sindical y la arbitrariedad de la determinación, clasificación y valoración de los puestos de trabajo, entre otros”. Un hecho de extrema gravedad del que no puede permanecer ajena por más tiempo la Junta de Andalucía, según Foro Ciudadano.

De hecho, el pasado lunes Foro Ciudadano de Jerez volvió a remitir una carta a la delegación provincial del Gobierno de la Junta en Cádiz, en la persona del delegado responsable, Fernando López Gil, para volver a recordarle el reguero de ilegalidades que incluye la RPT aprobada unilateralmente por el PP y para advertirle que “ante la gravedad de las sucesivas ilegalidades que se están llevando a cabo, la reiterada omisión en cuanto a la emisión de los requerimientos de nulidad o de la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte del Gobierno andaluz, le hacen a éste legalmente cómplice de sus efectos jurídicos, pudiendo derivarse responsabilidad por ello”.

En este sentido, desde Foro Ciudadano se ha trasladado al delegado del Gobierno andaluz que “nos causa preocupación que en el pleno del pasado 28 de diciembre, la alcaldesa manifestase públicamente que la Delegación del Gobierno avala legalmente el ERE y la RPT; añadiendo que el Ayuntamiento ha trabajado  “codo con codo” con la Junta”. En la misiva, Foro Ciudadano aseguraba que “no queremos pensar que este “trabajo conjunto” sea la explicación de por qué esta delegación del Gobierno está admitiendo las sucesivas ilegalidades y arbitrariedades llevadas a cabo por el gobierno local del PP en todo lo relativo a la RPT y sus actos de aplicación. Más aun, cuando en  la anterior legislatura se fue inflexible con un acuerdo de adscripciones provisionales de puestos,  en base a una denuncia presentada por la actual alcaldesa (entonces en la oposición), y requirieron su nulidad, aun siendo idénticas a las que ahora validan”.

Foro Ciudadano denuncia que la RPT contiene “todas las ilegalidades que reiteradamente esta organización política, así como otros grupos políticos y la mayoría de sindicatos, venimos denunciando ante la delegación del Gobierno de la Junta desde el pasado mes de septiembre. Unas ilegalidades que están implicando que todos y cada uno de los actos de aplicación que se están llevando a cabo en junta de gobierno local sean también ilegales y arbitrarios, además de tener un claro objetivo de ‘vestir’ fraudulentamente de legalidad el reparto de puestos ‘a dedo’. Por no hablar del hecho sangrante de que con motivo de la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2013, se ha podido comprobar, de manera fehaciente, cómo la RPT incumple la Ley General de Presupuestos para 2012 y también para 2013”. En este sentido, recuerda que “se han producido incrementos retributivos entre los ‘beneficiados’ por la RPT del PP cifrados en 11,7 millones de euros, cuando paralelamente se ha despedido a 260 empleados municipales también de manera totalmente injustificada y arbitraria”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el gobierno municipal y dirigida a regular la estructura funcional y organizativa de la plantilla.

Según han informado desde el sindicato que agrupa a los técnicos, el Alto Tribunal andaluz ha admitido a trámite la demanda porque “ha encontrado indicios de que se habrían cometido determinados actos ilegales relacionados con la falta de negociación sindical y la arbitrariedad de la determinación, clasificación y valoración de los puestos de trabajo, entre otros”.

Tras conocer esta decisión judicial, desde la directiva de la ATMJ han querido manifestar su “satisfacción” y han trasladado su “firme disposición a seguir defendiendo sus intereses”, denunciando las “múltiples irregularidades” que, a su juicio, el gobierno municipal “está cometiendo con la RPT y la gestión de sus recursos humanos en general”.

El primer teniente de alcalde de Presidencia, Antonio Saldaña, junto con la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado, han anunciado que la sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite, “en menos de 24 horas”, el recurso contencioso administrativo presentado este lunes por el Ayuntamiento contra la resolución de los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía, y ha convocado a las partes a una comparecenciaeste miércoles, a las 11.00 horas, para decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida.

El portavoz municipal ha insistido en la necesidad de ampliación de los servicios mínimos, ya que, desde el primer día “el Ayuntamiento ha dejado constancia de que estos son insuficientes, como se está demostrando”. Saldaña ha explicado que entre los razonamientos jurídicos recogidos en el auto del TSJA se pone de manifiesto que “la resolución impugnada carece de una motivación suficiente dada la trascendencia del asunto que afecta a una población importante, más de 200.000 personas, y con el riesgo para la salud pública, puede comportar la prestación insuficiente de un servicio básico y esencial cual es el de recogida de residuos y limpieza viaria”.

En el recurso presentado por el Ayuntamiento se especifica que  la propuesta de aumento de los servicios mínimos por parte municipal se ha adoptado para velar por el interés público y por los derechos del conjunto de la ciudadanía, sin que en este sentido, la propuesta municipal planteada afecta de forma significativa al derecho a la huelga de los trabajadores.

Asimismo, en el escrito presentado se pone de manifiesto que  el  Tribunal Constitucional en su jurisprudencia establece que los servicios mínimos se han de decretar teniendo en cuenta que “ existe una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y, al mismo tiempo, procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”.

EJEMPLOS

Un ejemplo de esta proporcionalidad se establece en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  donde se mantiene  la legalidad del Decreto que, establece los servicios mínimos de la recogida de residuos en Madrid en un 50% y , en la resolución de la Junta  que estableció los servicios mínimos para la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos en Los Palacios y Villafranca, del 50 % de la plantilla existente para el  servicio de recogida diarios y el 25% de la plantilla existente para  el servicio de limpieza viaria. Este es  un municipio de 35.000 habitantes.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado  ha  informado del cumplimiento de los servicios mínimos  este martes en cuanto a recogida de residuos, señalando que se ha realizado  en varios puntos de la ciudad, y pedanías y barriadas  rurales. Sobre la limpieza viaria ha señalado que no había servicios mínimos, ya que aquí son en días alternos. “Mañana habrá servicios de limpieza viaria pero muy mínimos, ya que al trasladarse la festividad de San Martin de Porres a este día se trabajará en este servicio como si fuera un festivo”, ha manifestado Rosado.

Felisa Rosado ha vuelto a hacer un llamamiento a la empresa y a los trabajadores para que “negocien las horas que hagan falta y si es preciso adelanten la reunión del jueves a mañana mismo”.

El viernes pasado fue solo el primero de una serie de ‘Viernes Negro’ con los que los funcionarios de Justicia defenderán los derechos que consideran usurpados, a través de manifestaciones y cortes de tráfico ataviados con ropa negra en señal de duelo. Como ya anunciaron en su momento, ésta no será la única protesta que cada semana llevarán a cabo, y ya han cerrado un calendario de movilizaciones que continuará mañana jueves con una concentración a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los profesionales jerezanos se unirán así a los del resto de Andalucía dentro de la campaña que arranca bajo el lema ‘Inmediación y Fe Pública’, y que continuará el viernes con el ya mencionado ‘luto’. Así lo han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia de Jerez, incidiendo en que uno de los ejes fundamentales de esta campaña será la información a todos los interesados. Por ello, remitirán los correspondientes escritos explicando la situación a los juzgados y la Audiencia Provincial, pero no se quedarán solo en eso.

El próximo lunes, 1 de octubre, los representantes sindicales de la Plataforma en Defensa de la Justicia visitarán todos y cada uno de los órganos judiciales con el fin de trasladar a los funcionarios todas las medidas a adoptar en los próximos meses. Desde la Plataforma han recordado que los recortes tanto del Gobierno central como del Autonómico suponen una merma “brutal” para los trabajadores, no solo a nivel presupuestario sino también de derechos que perjudicará al servicio que se preste al ciudadano.

La batalla judicial contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en el Ayuntamiento de Jerez ya se ha iniciado después de que el sindicato mayoritario en la plantilla municipal, la CGT, haya presentado esta mañana en Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera de las demandas colectivas contra este proceso.

Según han explicado fuentes jurídicas de este sindicato, la demanda insiste en que no existe causalidad entre los despidos y las razones económicas esgrimidas por el gobierno local, ya que los criterios que recogía la nueva reforma laboral y que justificaban los ERE en el caso de las empresas privadas no se pueden aplicar en el caso de la administración.

El documento presentado hoy en Sevilla también habla de irregularidades recabadas a lo largo del proceso, no solo por la mala fe durante el periodo de negociación, sino también por la falta de información entregada a los representantes de los trabajadores en las consultas y por no haber dado ni siquiera un plazo oficial de alegaciones. Y se centra también en la arbitrariedad, falta de imparcialidad y subjetividad de los criterios aplicados para seleccionar a los afectados por la medida.

Ahora se abre un plazo de dos meses para esta demanda y, además, en caso de que sea admitida por el TSJA se paralizará el proceso que tiene cada uno  los 260 afectados por lo despidos para presentar su demanda individual.