A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.