La Consejería de Justicia e Interior ha ahorrado 925.870 euros en los últimos cuatro años en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz, al pasar de los 3,6 millones que gastaba por este concepto en 2010 a los 2,7 que ha abonado en 2013. Esta reducción representa, además, cerca del 19% de los cerca de cinco millones de euros que se ha ahorrado en estos años la Junta en el pago de alquileres de sedes judiciales en toda Andalucía.

Para conseguir esta reducción de gastos, la Consejería de Justicia e Interior ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de 18 sedes judiciales en la provincia de Cádiz, ubicadas en Algeciras, Barbate, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, La Línea, Puerto Real, San Fernando, San Roque y la capital gaditana.

La consecución de los mayores ahorros en los contratos de alquiler es una política tradicional del Gobierno andaluz que se ha visto plasmada y reforzada de manera especial tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.  Este Plan nace del compromiso asumido por el Gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas.

La programación de las infraestructuras judiciales ha sido presidida por una apuesta firme por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y por una progresiva disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública. Este objetivo va enlazado también con el propósito del Gobierno andaluz de  avanzar en la modernización de los edificios judiciales para mejorar la prestación de este servicio público.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, ha puesto de relieve que “en la actual coyuntura económica y presupuestaria es una prioridad en la gestión pública impulsar la eficiencia y racionalización en el gasto e incentivar del mismo modo el ahorro para rentabilizar al máximo los recursos y medios de los que actualmente disponemos y garantizar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia”.

López Gil ha valorado “el gran esfuerzo realizado en la provincia con el ahorro de cerca de un millón de euros en alquileres”. A su juicio, “el propósito es seguir fomentado este ahorro y al mismo tiempo favorecer progresivamente el régimen de titularidad pública de los edificios judiciales”.

Además, el delegado ha subrayado que “en la actualidad se está impulsando, dentro  siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública, una negociación en condiciones económicas más ventajosas para la Administración en el proceso de renovación de los arrendamientos de las sedes judiciales cuyos plazos de alquiler van concluyendo, contribuyendo de esta forma también a propiciar un importante ahorro para las arcas autonómicas”.