El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley con la que pretende que la Cámara inste al Gobierno central a derogar la reforma laboral y a apoyar a los empleados públicos afectados, especialmente a los expedientados por el Ayuntamiento de Jerez. La iniciativa, que firman el secretario general del grupo y diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, y la diputada jerezana y candidata a la Alcaldía de Jerez Mamen Sánchez, mantiene que la reforma laboral del PP “facilita y abarata el despido en el sector público” y es la “primera” norma con rango de ley que “permite en las Administraciones Públicas medidas de ajuste del personal laboral a su servicio”. 
De ese modo, piden que se derogue “urgentemente” la reforma laboral, en la que se incluyen las disposiciones relativas a los despidos colectivos llevados a cabo en todo el sector público, incluidas las Administraciones Públicas, porque causan inseguridad jurídica y un aumento de la litigiosidad, “aspectos que contravienen principios constitucionales y que actúan en contra de la eficiente prestación de servicios públicos a la ciudadanía”.
Los socialistas ven en las causas económicas que justifican el despido colectivo en el sector público una “ambigüedad” que genera esa “inseguridad jurídica” y “permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos” y critica, además, que esa misma reforma prohíba la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla.
Rechazan también que no regule los aspectos que deberían modular la regulación de los despidos colectivos y objetivos en la Administración “como consecuencia de los principios constitucionales que rigen su actuación: la eficacia, la no arbitrariedad y el sometimiento pleno al Derecho”.
En su iniciativa, señalan que la falta de elementos que determinan si la adopción de un despido colectivo por parte de una administración pública es oportuna o no está provocando un aumento de la litigiosidad frente a despidos que son calificados de arbitrarios.
Concretamente, dicen que el expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por el Ayuntamiento de Jerez “parecen concurrir los elementos anteriormente denunciados y propiciados por la reforma laboral”. “Se trata de un ERE que, fundado en una causa económica, ha servido para, de manera arbitraria, desposeer de sus empleos a 260 trabajadoras y trabajadores, en algunos casos, con más de veinticinco años de antigüedad y, en otros, además con cargas familiares y circunstancias personales muy graves, como el caso de algunas trabajadoras víctimas de violencia de género”, denuncian.
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