La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha querido mostrar su solidaridad con los más de 23.000 funcionarios andaluces, 2.005 gaditanos, que han visto mermados sus derechos en virtud de la pinza que tienen oculta los parlamentarios Populares y los de Podemos. “La traba a la aprobación de este decreto, vital para los interinos, es una merma en su presente y su futuro ya que los privan de poder trasladarse a otros destinos para estar cerca de sus familias y se les niega la posibilidad de poder ascender internamente en las administraciones públicas andaluzas a través de sus méritos y oposiciones”, asevera García.

Por ese motivo, dice la socialista que “entendemos que lo que ha ocurrido es una fotografía oculta de lo que pretenden hacer Rajoy e Iglesias cuya finalidad es dificultar, absolutamente, el funcionamiento del Gobierno y es un reflejo de la política que quieren implantar”. Además tacha de “irresponsabilidad política” esta decisión, ya que no sólo obstruye los derechos de los funcionarios interinos, sino que también lo hace con las posibilidades de crear nuevos puestos en las administraciones públicas, coartando de esta manera la oportunidad de los ciudadanos  a acceder a una plaza pública.

García pide que “espero que PP y Podemos no utilicen sus claves internas y sus políticas para boicotear al Parlamento de Andalucía ya que con esto lo único que hacen es poner trabas a los propios ciudadanos”. Sigue argumentando, “ha sido fácil quitarle la careta a los que venían a hacer nueva política ya que al final han seguido las tendencias de los que llevan treinta años perdiendo elecciones”. La secretaria general advierte a PP y Podemos que “ahora tendrán que dar las explicaciones oportunas a los ciudadanos sobre sus decisiones  y dar un argumento que refuerce su postura de impedir a los funcionarios que tengan el derecho a la movilidad y a la promoción interna”.

En otro orden de asuntos, a García le preocupa el doble rasero de medir del PP con respecto a las imputaciones de cargos públicos en causas judiciales. En este sentido ha manifestado, “pedimos al PP que cumpla con su propia palabra y que no dé lecciones de moralidad, ni de cómo se tiene que actuar en las administraciones públicas”. Prosigue, “tras conocer la noticia de que el Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que imputa a la exalcaldesa de Jerez y senadora popular García Pelayo el PP debería hacer que dimitiese inmediatamente y no blindarla como ha hecho”. En referencia al auto mencionado cabe destacar que la exregidora jerezana ha sido imputada por su implicación en la rama de la Gürtel en Andalucía. De este modo, queda demostrado que la trama también tenía raíces en la comunidad andaluza y concretamente en Jerez en la persona de García Pelayo. “El PP era consciente de esta situación ya que no se entiende, entonces, la premura que han tenido en blindar el aforamiento de García Pelayo en la Diputación Permanente del Senado lo que hará que cuando se convoquen elecciones siga ostentando ese privilegio”, arguye la socialista.

En este sentido, apostilla la presidenta que “el PP suele utilizar muy bien la ley del embudo, cosa que Moreno Bonilla tiene muy bien aprendido, y si no quiere que siga siendo así que utilice todo lo que ha exigido a otras formaciones, especialmente al PSOE, y con ello le den decencia a la política y que no sigan negando una imputación que está claramente evidenciada”.

Por último, la dirigente del PSOE ha querido referirse a García Pelayo para exigirle que dimita y a sus socios del Partido Popular que no corresponde defenderla sino exigirle esa dimisión. “El cese como senadora y concejal sería un alarde de decencia que podría demostrar García Pelayo y una forma de no seguir manchando el nombre de Jerez y, por ende, el de toda la provincia de Cádiz”, concluye García.