Una vez más, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez han vuelto a cruzarse acusaciones con respecto a las políticas sociales. Hace unos días la delegada de Igualdad y Salud, Isabel Paredes, pedía medidas a la administración autonómica para hacer frente a las necesidades de los colectivos y hoy es la Junta de Andalucía la que expresa su postura. A través de un comunicado, la Delegación Provincial de Bienestar Social indica que “llama la atención que la señora Paredes presuma de que el Ayuntamiento jerezano haya pagado 25.000 euros a 12 asociaciones de personas con discapacidad de una deuda cercana a los 150.000. Es decir, han pagado menos del 25% y aún tienen que abonar 115.000 euros; desde luego no es motivo para sacar pecho, aunque entendemos que pueda ser un intento de desviar la atención de otros problemas del Consistorio de los cuales se han hecho eco los medios estos días”.

Según continúan, “la popular hace un profundo ejercicio de hipocresía y cinismo al arremeter contra las políticas que se desarrollan desde Andalucía en relación a este colectivo, cuando es precisamente la Junta la que está teniendo que realizar enormes esfuerzos para poder afrontar los recortes del Gobierno de España en materia de dependencia, y que se han traducido este año 2012 en 89 millones de euros menos para la comunidad, que, además, en 2013 volverá a recortar 120 millones. Por el contrario, para el próximo año la Junta ha presupuestado en materia de Salud y Bienestar Social un total de 1.108 millones de euros”.

Explican desde el ente provincial que “una de las modificaciones unilaterales que el Gobierno de España ha hecho a la Ley de la Dependencia ha sido reducir en un 15% las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, así como eliminar la cotización a las cuidadoras. Frente a esa reducción por parte de la administración del Estado, la Junta fijó en un 13,2 % dicha reducción para minimizar el perjuicio causado”.

Más compromiso

“Frente a ello, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con las personas con discapacidad (485.098 con discapacidad reconocida en Andalucía), a pesar de los recortes en políticas sociales del Gobierno de Mariano Rajoy que la señora Paredes sin duda conoce y, como se deduce de su silencio, comparte. En las actuales circunstancias, mantener las prestaciones de los usuarios y usuarias es el mejor ejemplo de la apuesta de Andalucía por la Dependencia, sobre todo cuando las medidas estatales, como el techo de gasto impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas, no dejan mucho margen de maniobra a las regiones”.

Aseguran que “la voluntad decidida de la Junta de Andalucía es mantener las prestaciones y priorizar el pago a las entidades sociales pese a las dificultades que tiene la administración autonómica derivadas de los recortes sociales del Gobierno de España que, además de en Dependencia, amenazan con extenderse a otros ámbitos en forma de copago que ya prepara el Ejecutivo central, como los de transporte sanitario, los dietoterápicos y el material ortoprotésico”.