La inmensa mayoría de los jueces que ejercen su actividad en Jerez secundará la huelga que a nivel nacional ha convocado el colectivo para este martes 20. Concretamente, solo dos magistrados trabajarán y los juzgados contarán únicamente con los servicios mínimos, lo que implica que se suspenderán todos los juicios señalados. Así lo ha confirmado el juez decano, Juan José Parra, recordando que los paros han sido organizados para protestar por “la invasión política” que se está produciendo en la Justicia, algo que para los profesionales se ha materializado en la modificación que pretende implantar el Gobierno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Protestamos por la forma de elección de la carrera judicial, la pérdida de vocales, la eliminación de los jueces sustitutos y, en definitiva, por el destrozo del sistema que supondrán las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central”. De esta forma los jueces pretenden desmarcarse de las concentraciones convocadas por la Plataforma Justicia Para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía, haciendo hincapié en que ellos tienen sus propias reivindicaciones que son independientes de las de los letrados, especialmente en lo que a la Ley de Tasas se refiere. Como se recordará, a la huelga están llamados tanto magistrados como fiscales, aunque se prevé que estos últimos no la secunden en la misma medida que sus compañeros.

En cuanto a los abogados, su decano Marcos Camacho ha confirmado que se concentrarán mañana durante una hora a las puertas de los juzgados de Tomás García-Figueras, por lo que consideran un modelo de Justicia “impuesto y no negociado”. Algunas de sus reivindicaciones pasan por exigir que no se privatice el servicio, que se derogue la Ley de Tasas y que se dialogue con los directamente implicados en el funcionamiento del sistema de Justicia. Una jornada de protestas, por tanto, en la que cada colectivo se movilizará a su modo y luchará por defender una prioridades que parecen no ser las mismas según de quien se trate.

La Junta de Andalucía ha anunciado el abono del primero de los pagos que se adeudan al Colegio de Abogados correspondientes al turno de oficio. Un soplo de aire fresco en medio de un ambiente enrarecido que sin embargo resulta insuficiente para que el organismo jerezano continúe prestando el servicio de justicia gratuita con garantías. El decano, Marcos Camacho, sigue calificando la situación de “grave” con un dato esclarecedor, como el que uno de cada tres letrados atraviesa por serios problemas para seguir ejerciendo. Como ha explicado, muchos despachos están reduciendo sus plantillas y ello se une al drama sufrido por los profesionales del turno de oficio, que en muchos de los casos han llegado a poner dinero de sus propios bolsillos.

En este sentido, los continuos recortes unidos a los impagos por parte de la administración autonómica han provocado, según Camacho, que ya se eleven a tres los meses de espera de cualquier ciudadano para que se le designe un letrado de manera gratuita. “Han reducido los baremos de justicia gratuita (lo que cobran lo abogados) un 10% y han bajado hasta un 50% la aportación para gastos de infraestructuras -recuerda el decano-. Aún nos deben varios pagos relativos al ejercicio anterior, así que si sumamos todo ello el resultado es que baja la calidad en la prestación”. En la actualidad, las atenciones a usuarios del turno de oficio se han reducido a un día a la semana, con lo que las colas en el Colegio durante los miércoles llegan a alcanzar las 100 personas.

A pesar de ello y de las presiones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que amenazó con llevar el problema a los tribunales, los abogados jerezanos insisten en que no es posible prestar el servicio con la misma calidad que se ha venido ofreciendo hasta el momento. Otra de las cuestiones que ha supuesto la puntilla para un colectivo que se considera maltratado por la administración es la consabida Ley de Tasas, cuyos efectos se están dejando notar sobre todo en asuntos civiles y contenciosos, donde son muchos los ciudadanos que están desistiendo de interponer recursos ante las elevadas tarifas que ello conlleva. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se plantea promover un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una norma que a su juicio vulnera uno de los derechos fundamentales más elementales que existen.

La indignación ha calado hondo en el seno del Colegio de Abogados de Jerez, tras las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz que amenazaba con interponer una demanda judicial si los letrados no prestan el turno de oficio con garantías. Como ha recordado el decano, Marcos Camacho, es la Junta de Andalucía la responsable por ley de velar por este servicio y garantizar la asistencia de justicia gratuita a los ciudadanos. Por ello, el trabajo del Colegio de Abogados en este sentido depende exclusivamente de los medios que la administración ponga a su disposición.

“La Junta es la única que tiene competencias y la responsable de mantener el servicio. Tiene que pagar lo que cueste y si no lo hace nosotros adecuaremos la asistencia a lo que aporte. Hay que recordar que el Colegio no gana dinero con esto, lo hacemos por el bien de los ciudadanos”. Tan es así, que como apunta el decano es habitual que el organismo adelante parte del presupuesto para que el turno de oficio siga su curso, debido a los continuos retrasos en el pago por parte del gobierno autonómico. En estos momentos, por ejemplo, subraya que la administración les adeuda 65.000 euros que ellos mismos han puesto de su bolsillo. “Jamás hemos tenido ninguna queja del ciudadano, ya que prestamos el servicio con garantías, lealtad y dignidad pero con el dinero que ellos nos mandan“.

Aunque el delegado del Gobierno se ha comprometido a saldar la deuda con los letrados en abril, no ha incluido el 50% de gastos de infraestructuras relativos al pasado año que aún se adeuda. Cuando se llegue a esa fecha, además, Camacho insiste en que ya volverá a deberse todo lo correspondiente al primer trimestre de 2013. Si a ello se le suma la reducción de la subvención para los citados gastos en un 50% y en un 10% en las tarifas de los profesionales, el resultado sigue siendo muy poco ventajoso para que puedan prestar el servicio como hasta ahora. En resumidas cuentas, a pesar de la amenaza de la Junta las colas continuarán en el Colegio para la asignación de letrado en la asistencia gratuita, que podría demorarse hasta seis meses ya que se gestiona solo una vez a la semana, cuando antes se realizaba de manera diaria.

“DESCONSIDERACIÓN ABSOLUTA” HACIA LOS PROFESIONALES

“La demanda con la que amenazan no tiene ni pies ni cabeza y nos parece una desconsideración absoluta hacia nosotros. Es precisamente quien genera el incumplimiento el que amenaza ahora con llevarlo a los tribunales. Bastante tenemos nosotros con financiar de nuestro bolsillo el servicio”. Así las cosas, el conflicto no parece tener visos de solución e incluso podría recrudecerse, si en las próximas semanas la administración no cumple con el primero de los pagos comprometidos.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha acudido a Jerez para poner los puntos sobre las íes en torno a la polémica que arrastra el turno de oficio. Durante una reunión mantenida con representantes de los abogados, fiscales, jueces y procuradores, no ha dudado en reprender a los letrados jerezanos asegurando que los recortes llevados a cabo por la administración en este servicio en ningún caso justifican el que el Colegio haya optado por restringirlo. Como ha explicado el delegado, en virtud del acuerdo adoptado recientemente la Junta de Andalucía abonará lo correspondiente a las tarifas del turno de oficio que se deben y que ronda los 664.000 euros, de tal forma que en abril se liquidará la deuda.

Otro aparte, sin embargo, merece lo aportado para gastos en infraestructuras que se ha reducido este año y que constituye la razón por la que, a pesar del compromiso de pago mencionado, los abogados seguirán limitando el servicio de justicia gratuita, al considerar que el presupuesto del que disponen no es suficiente. Como ha recordado López Gil, la administración subvenciona el servicio al 100% pero no así los gastos derivados de éste, que hasta hace bien poco se sufragaban en un 10%. Ahora, el Gobierno autonómico ha decidido reducirlo hasta el 5%, lo que a su juicio no impide que se siga desarrollando el turno de oficio con todas las garantías.

“El Colegio de Abogados dice que con esta aportación no pueden mantener el servicio y que ello está provocando que se tarde seis meses en designar a un letrado. Esto no me parece de recibo”. Además, ha puntualizado que aunque la administración siempre se ha mantenido al margen en lo relativo a los gastos de cada organismo, resulta llamativo que el de Jerez sea uno de los que más invierta en infraestructuras. Por ello, ha instado a los letrados a que sigan ofreciendo un servicio de calidad y con todas las garantías, llegando incluso a amenazar con “emprender acciones legales” si esto no llega a suceder, ya que los ciudadanos no deben pagar las consecuencias de todo ello.

 EL PROYECTO DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, APARCADO

López Gil ha aprovechado su comparecencia para referirse a otro de las temas candentes en Jerez, en lo que al sistema de justicia se refiere. Así, ha confesado sin tapujos que el proyecto de Ciudad de la Justicia se encuentra en estos momentos “aparcado”, debido a la falta de capacidad financiera no solo de la administración, sino también de las empresas privadas. De hecho, ha afirmado que algunos de estos proyectos que se encuentran en fases más avanzadas en otras localidades tendrán que ser paralizados, puesto que las compañías no dan con los fondos necesarios para su construcción. No obstante, el delegado ha declarado que “los jerezanos cuentan con instalaciones judiciales de calidad“, por lo que en estos momentos lo único que se plantearía su gobierno sería el mejorar las ya existentes.

La Fundación Forum Astense del Colegio de Abogados de Jerez ha presentado el  cartel del II Ciclo de Conferencias Fundación Forum Astense, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero en el salón de conferencias de la Escuela de Hostelería. El acto ha sido presentado por el decano, Marcos Camacho O´Neale, y ha contado con la presencia del presidente del patronato de dicha fundación, Ignacio Vergara Ivison, quien ha resaltado la temática de las conferencias propuestas así como la talla de los ponentes.

El ciclo arrancará el día 23 a las 19.00, con la conferencia ‘Violencia de género–Violencia de sociedad’, a cargo de Cristina Almeida Castro, abogada y política, socia-fundadora del despacho profesional ABA abogadas, colaboradora de revistas y autora de numerosos libros sobre problemas jurídicos de la mujer. El día 24 a la misma hora le tocará el turno a ‘Internet, redes sociales y adolescentes. Lo que deben saber los padres’, con Francisco Muñoz Trascua como ponente. Es un diplomado en Magisterio de Educación Especial y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Cádiz, además de profesor de segundo ciclo de Primaria. Ha realizado numerosos cursos relacionados con las nuevas tecnologías.

El último día, 25 de enero, también a las 19.00 cerrará el ciclo ‘Modelo económico del bien común’ con Francisco Álvarez Molina, licenciado en Matemáticas y doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad de la Sorbona. Ha trabajado 41 años en la Bolsa de París 1971-1995, y ha sido consejero-director de la Bolsa de Valencia hasta el 2000. Autor de libros relacionados con la economía y colaborador en programas de radio y televisión.

El anuncio de la Consejería de Justicia, comprometiéndose a saldar la deuda que mantiene con los letrados del turno de oficio hasta el próximo mes de abril, no ha sido suficiente para que éstos depongan las armas y se restaure la normalidad en los colegios de abogados. El de Jerez no iba a ser una excepción, y su decano, Marcos Camacho, ha confirmado que tras la reunión mantenida entre los representantes de toda la abogacía andaluza se ha decidido por unanimidad mantener los últimos acuerdos adoptados a finales de año en materia de pagos. Esto es, los colegios seguirán adecuando los gastos derivados del servicio de justicia gratuita a las cantidades que se abonen.

En la actualidad, el turno de oficio está prácticamente paralizado y desde hace algún tiempo solo se designan letrados gratuitos una vez a la semana, lo que origina las consiguientes colas y el profundo malestar entre los interesados. La cosa puede ir a peor, no obstante, puesto que Camacho ya amenazó recientemente con cancelar el servicio o reducirlo a una vez al mes, adaptándolo como se ha señalado anteriormente a las cuotas proporcionadas por la administración. Y es que, como recuerda el decano, lo que la Junta garantiza ahora es el pago hasta abril de las tarifas correspondientes a tres trimestres de 2012; cuando llegue esa fecha, continuará debiéndose el último trimestre del pasado año y el primero del vigente.

Además, tampoco existe compromiso de liquidar los gastos de infraestructuras, aún pendientes de todo el ejercicio anterior. Así las cosas, los profesionales jerezanos insisten en que es imposible prestar un servicio de calidad, si el gobierno autonómico no pone los mimbres para ello. En lo que sí darán una tregua los colegios andaluces a la administración es en lo relativo a las medidas de presión que estaban llevando a cabo, como concentraciones de carácter semanal, que quedarán en suspenso hasta que se compruebe que la promesa de pago se ha llevado a término en los plazos establecidos.

El decano jerezano ha vuelto a lamentar los perjuicios que todo ello está ocasionando al ciudadano, recordando que está en manos de la Junta el poner freno a una situación para la que no se vislumbra una pronta solución. Los letrados tendrán que decidir ahora si restringen aún más la justicia gratuita, un derecho cada vez más cercenado para los ciudadanos.

La Junta de Andalucía ha acordado con el  Consejo Andaluz de Colegios de Abogados abonar hasta el próximo mes abril todos los pagos pendientes por el turno de oficio correspondiente al año pasado, cuya cantidad asciende a 21,4 millones de euros.

Este acuerdo se ha alcanzado en la reunión que hoy ha mantenido el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con el presidente del Consejo Andaluz de Abogados, José Rebollo, y su portavoz, José Joaquín Gallardo, quienes han valorado el esfuerzo del Gobierno andaluz por liquidar estos pagos y han calificado de aceptable la propuesta de de abono. El calendario prevé el pago de las cantidades pendientes con cargo a los presupuestos autonómicos de este año en varias cuotas hasta abril, de manera que su abono sea asumible por la Junta.

En este sentido, De Llera ha subrayado que su departamento no ha dejado de abonar todos los meses diversas cantidades correspondientes a estos pagos pendientes, sufragando durante el año pasado un total 37,6 millones de euros que permitieron liquidar la toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012. Se trata de una importante noticia teniendo en cuenta que en Jerez se iba a suspender el servicio a partir del próximo 15 de enero por falta de fondos.

El titular de Justicia e Interior ha recordado también el último pago que se ha realizado esta misma semana y que asciende a 4,6 millones, aportación con la que se ha completado el pago a procuradores, gastos de funcionamiento y guardias de los letrados.

De Llera ha resaltado que a este esfuerzo por sostener este servicio se suma el compromiso presupuestario de la Junta, manteniendo para este año la partida para Justicia gratuita con un montante de 44 millones. A su juicio, con este sostenimiento presupuestario y el nuevo reglamento recientemente aprobado y destinado a agilizar y regularidad los pagos, se contribuye a garantizar este servicio y a dar cobertura además al crecimiento que viene registrando este servicio, que ya el año pasado superó las 300.000 asistencias y beneficiarios.

El responsable andaluz de Justicia ha valorado la comprensión, el compromiso y el esfuerzo compartido de los más de 7.000 letrados andaluces por mantener la asistencia jurídica gratuita, que beneficia especialmente a los ciudadanos con menos recurso, además de elogiar su responsabilidad, profesionalidad y la imprescindible labor que realizan para  sacar adelante este servicio en la difícil coyuntura actual.

Mejora y aumento del servicio

Desde 1997, la Administración autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes. La Junta ha trabajado además en la mejora de la calidad de este servicio y en su especialización, impulsando los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

En este sentido, la Consejería de Justicia e Interior también ha multiplicado por diez el presupuesto consignado para responder a las necesidades de los turnos de oficio y las asistencias en las guardias desde que asumió las competencias, puesto que en el año 97 eran 4,7 los millones de euros destinados a este servicio por los 44 millones de euros previstos para este 2012.

La modificación del Reglamento de Justicia Gratuita recién aprobada por la Junta de Andalucía ha caído como un jarro de agua fría para los profesionales del turno de oficio, que cierran uno de los peores años que se recuerden para el servicio. La noticia de la aprobación definitiva trascendía ayer, con la confirmación de que la administración reducirá hasta un 50% su aportación para los gastos de infraestructuras de estos letrados. Si la bajada de sueldos y la deuda que mantiene la Junta con los abogados habían obligado a recortar la asistencia gratuita, con este nuevo tijeretazo definitivamente se cierran las puertas para los menos pudientes en Jerez, que a partir del 15 de enero no podrán acceder al turno de oficio exceptuando a los detenidos.

Marcos Camacho, decano del Colegio jerezano, ha mostrado su indignación más absoluta lamentando que el gobierno autonómico no haya aceptado las alegaciones de los profesionales ni haya tenido en cuenta sus opiniones tomando una determinación altamente perjudicial para ellos. “Los colegios no podemos prestar el servicio con esta nueva asignación. Ellos dicen que lo hacen precisamente para mantenerlo, pero conseguirán justamente lo contrario. Nosotros desde luego no vamos a poder”. Como recuerda, aún se les debe el 75% de los gastos de infraestructura más lo relativo al turno de oficio de todo el año (solo se han abonado las guardias). A ello hay que añadir que les han bajado las tarifas un 10%, por lo que en algunos momentos los letrados se han visto obligados a poner dinero de su propio bolsillo.

Ahora, con esta reducción del 50% les resulta materialmente imposible continuar ofreciendo el servicio de Justicia Gratuita, ya que “no debe recaer el mantenimiento en los profesionales”. Los afectados, con su decano como máximo representante, consideran todo ello como “un ataque directo” al sistema que ya se ha visto resentido en exceso, pues no hay que olvidar que el último mes se han reducido las asignaciones del turno de oficio a un solo día a la semana frente a los cinco habituales, provocando colas en el Colegio de Jerez de hasta un centenar de personas. Ante esta coyuntura, 2013 se presenta más convulso que nunca para ellos, que auguran prontas movilizaciones para defender la permanencia de un sistema que hace aguas por todas partes.

Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.