La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el que le solicita que se consensue un paquete de medidas de auxilio financiero para las corporaciones locales, diputaciones provinciales y colectivos sociales, dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el acuerdo logrado con Gobierno de la Nación para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Recuerda en su escrito que mediante este acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para que la administración autonómica pueda acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, la Junta podrá recibir unos 4.960 millones de euros, “lo que sumados a los 5.228 millones ya abonados por el Estado a esta Comunidad, supone una importante ayuda a la grave situación financiera de nuestra comunidad”.

María José García-Pelayo considera importante para Andalucía  “el clima de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Junta”  y en este sentido afirma “que se debe avanzar en el diálogo y el consenso entre todas las administraciones”.

Y dentro de esta vía de diálogo, la alcaldesa subraya que “la lealtad institucional demostrada por el Gobierno de la nación con la Junta de Andalucía debe ahora tener su continuidad hacia los ayuntamientos andaluces y urge que el gobierno andaluz atienda la situación de asfixia económica que soportan los ayuntamientos y diputaciones andaluzas, motivada en gran medida tanto por la asunción de competencias impropias como por los impagos especialmente en políticas sociales por parte del gobierno autonómico”.

“SERVICIOS IMPROPIOS”

Entre los servicios “impropios” que están desarrollando las entidades locales “sin que la Junta de Andalucía haya transferido la financiación comprometida”, la alcaldesa cita en su escrito  “los de ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, los convenios para reforzar temas de inmigración, la gestión de residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzhéimer, centros de drogodependencia, residencias de personas con inmigración o los programas de envejecimiento activo, o el desarrollo de la Ley de Dependencia, entre otros”.

Igualmente prioritario, considera la alcaldesa,  “es el momento crítico que están atravesando los colectivos sociales cuya importante e insustituible labor también peligra por las deudas que se mantienen con ellos”, por lo que solicita que, “dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el anticipo de la Administración General del Estado, atienda a estas deudas pendientes con la Diputación provincial de Cádiz, ayuntamientos de la provincia, entidades y demás colectivos sociales”.