La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha anunciado que el PP llevará al Parlamento andaluz los negocios del concejal del PSOE de Jerez, Abraham Granadino. Lo ha anunciado tras conocerse que el mencionado edil, que sustituyó recientemente a la socialista Miriam Alconchel, “está obligado a devolver a la administración autonómica un total de 30.000 euros por no destinar las subvenciones recibidas por su empresa a los fines para los que se aprobaron estas ayudas”.

Concretamente, la Junta de Andalucía reclama a Gralett, la empresa de trabajo temporal propiedad de Granadino, el dinero de unas subvenciones que debían de haber facilitado la contratación de ex trabajadores de Delphi.

“Ante la gravedad de este asunto, que además está relacionado con un tema sensible en Jerez como es el empleo”, Lidia Menacho ha afirmado que el Grupo Popular va a exigir al Gobierno andaluz que explique y dé detalles de lo ocurrido con las subvenciones.

Asimismo, afirma que las ayudas para el empleo y la formación “no pueden quedarse a medio camino y siempre en manos de los mismos, como se está demostrando en toda Andalucía, donde los casos de corrupción en torno a las ayudas al empleo están saliendo a la luz de manera imparable, señalando una red de fraude presuntamente cometido por miembros del Partido Socialista y colaboradores como los sindicatos”.

Jerez también está siendo escenario de uno de los efectos más duros y crueles de la crisis. No en vano, afecta a niños, pequeños con nombres y apellidos cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones obvias, al igual que el nombre del centro educativo donde ha sido detectado el problema, aunque se sospecha que puede no ser el único. Y, aunque se tratan de casos puntuales, han encendido las luces de alarma en buena parte de la comunidad educativa de la ciudad, que se ha puesto manos a la obra para darles solución con el tacto y la discreción que requiere un asunto tan delicado como éste.

La alarma saltó semanas atrás, cuando desde el profesorado del centro educativo en cuestión se detectó que había niños que acudían a clase sin haber cenado ni desayunado. En un principio se trataba, lógicamente, de una sospecha, pero acabó confirmándose con el tiempo. Los docentes trasladaron la consiguiente preocupación a la dirección del colegio, primero, y a la Asociación de Madres y Padres (Ampa), después. Para entonces ya no quedaban dudas de tan dura realidad y se decidió hablar con los padres de los niños afectados, que, según las fuentes consultadas, serían cuatro.

Los padres acabaron reconociendo la situación, después de haber intentado de ocultarla durante un tiempo por vergüenza, según ha podido saber REPORTEROS JEREZ. No son, ni mucho menos, familias desestructuradas ni con problemas de adaptación social o conflictivas. Podrían considerarse familias ‘normales’ y que hasta no hace mucho tenían una situación económica sin excesivas estrecheces.

El centro educativo ya se ha puesto manos a la obra para intentar ayudarles. Así, por ejemplo, a través del Ampa se está trabajando para conseguirles alimentos y productos de primera necesidad, con el objetivo de encontrar así una solución a corto plazo y que los pequeños no vuelvan a clase sin haber cenado ni desayunado. También tratan de facilitarles una solución a más largo plazo, que les permita una mayor estabilidad, en este caso a través del decreto ley aprobado recientemente por la Junta de Andalucía y que garantiza que todos los niños de la región hagan al menos tres comidas al día. Han comenzado las gestiones y trámites administrativos necesarios para que puedan acogerse al plan autonómico correspondiente.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado con el presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Jerez, Evaristo Babé, un convenio de colaboración para la atención de familias en riesgo de exclusión social, dentro del convenio marco firmado por ambas instituciones en julio de 2012. En el acto ha estado también presente la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes y el coordinador provincial de Cruz Roja, Javier Gil Guerra.

El convenio ejecutivo servirá para el desarrollo del proyecto ‘Prestaciones llamamiento ahora + que nunca’ que persigue mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad durante la actual situación de crisis.

La delegada de Bienestar Social, igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha destacado en una comparecencia tras la firma del convenio, que se trata de “un convenio muy novedoso que se enmarca en el III Eje del Plan Estratégico que recoge la complementariedad de actuaciones con otros sistemas de protección para la inclusión social con el principal objetivo de llegar a las familias y personas que más lo necesitan, priorizando las actuaciones con aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, el coordinador provincial de Cruz Roja Española, Javier Gil Guerra, ha señalado que “con este convenio que tendrá una vigencia de un año y una dotación mínima presupuestaria de 14.400 euros, se desarrollará la coordinación con el Ayuntamiento con el objetivo de la inclusión social, de mantener a las personas y las familias en su entorno social el mayor tiempo posible, trabajando desde la eficacia y la eficiencia”.

Los principales objetivos es facilitar ayudas económicas para el pago de recibos de vivienda y suministros; facilitar la cobertura de necesidades básicas en personas y familias; realizar seguimiento de la evolución de cada caso y realizar un trabajo integral con la persona, fortalecido a través de la derivación a otras áreas de Cruz Roja Española o externas. Igualmente se formará y dinamizará al voluntariado que participa en el proyecto.

Serán los principales beneficiarios del programa aquellas personas que cumplen criterios económicos de la crisis, personas mayores con responsabilidades familiares, parados de larga duración, personas en hogares con todos los miembros en paro y personas sin hogar o con hogares empobrecidos.

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, colaborará en el Proyecto mediante los estudios de casos de alta vulnerabilidad que realizarán los servicios sociales para su posterior derivación a Cruz Roja. Los servicios sociales emitirán igualmente un informe de valoración y de justificación de la necesidad.

El PSOE-A de Jerez lamenta que el Gobierno del PP finalmente haya renunciado a una subvención de 135.000 euros que concedió la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del  programa Andalucía Orienta de inserción laboral, destinado a desempleados, teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 34.000 parados. Esta cantidad, además, corresponde a 50 por ciento de la subvención concedida por la Junta al Ayuntamiento de Jerez para la puesta en marcha del citado programa, que está dotado con algo más de 270.000 euros. Leer noticia completa

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, y la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha informado sobre la inclusión en el nuevo Plan de Pago a Proveedores del Gobierno central del 50% de la deuda social que tiene el Consistorio con organizaciones solidarias y ayudas sociales a personas físicas desde la década de los noventa, lo que permitirá que, antes de que acabe el año, el Ayuntamiento pueda afrontar el pago de 837.202 euros a estos colectivos sociales.

La alcaldesa ha explicado que la deuda total del Ayuntamiento, en la actualidad, con asociaciones solidarias o relativas a ayudas sociales, es de 1.719.253 euros, de los que 20.600 euros corresponden a bono taxi. En total los afectados por estos impagos de subvenciones son un total de 152 asociaciones o personas físicas. Con esta convocatoria “vamos a pagar la mitad de la deuda social que tiene este Ayuntamiento, con un pago total de 837.202 euros”.

La regidora ha señalado que “cuando el Gobierno de España comenzó a trabajar en este último Plan de Pago a Proveedores, uno de los planteamientos de los ayuntamientos fue que no sólo se incluyeran deuda con empresas, sino la deuda social. Creo que esa petición fue un acierto y finalmente se ha visto recogida esa petición”. De las 152 asociaciones o personas físicas con las que el Ayuntamiento mantiene deudas pendientes, han entrado en esta convocatoria del Plan de Pago a Proveedores un total de 100, es decir, el 65% del total. De estos 100, 87 cobrará el importe total de la deuda.

La alcaldesa ha recordado que “el resto de la deuda pendiente no es que no se vaya a pagar. Desde el Ayuntamiento tenemos en marcha un plan de pago, y hemos hecho abonos en junio y en noviembre, que es cuando tenemos mayores ingresos económicos en el Ayuntamiento, y en total hemos abonado desde el inicio de esta legislatura 400.000 euros a asociaciones sociales”.

Por otro lado, García-Pelayo ha señalado que a la hora de seleccionar las asociaciones incluidas en este Plan de Pago, se ha priorizado en virtud de su función social, usuarios, y actividad. El comedor de El Salvador recibirá el montante más importante, con un total de 193.599 euros, aunque se le seguirán debiendo 64.000. A otras asociaciones se les cubrirá la deuda completa que mantiene el Ayuntamiento con ellos, como es el caso de Amiraui, con 65.526 euros, o Cedown, con 30.5967 euros.

La regidora señala que “no vamos a engañar a nadie, esto no es la solución definitiva, porque el Ayuntamiento sigue teniendo que pagar ese dinero, pero vamos a asegurar la subsistencia de las asociaciones, para que puedan afrontar sus pagos y seguir atendiendo a sus usuarios”.

Finalmente, la alcaldesa ha explicado que la posibilidad de acogerse a este Real Decreto, para el que se exigía a los ayuntamientos estar al día con el pago del anterior ICO, viene de que Jerez se ha acogido a las medidas adicionales para ayuntamientos con problemas excepcionales de financiación.

El gobierno municipal pondrá en conocimiento de la Fiscalía los desvíos de fondos de la subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el marco del programa Reindus 2008, ayudas cuyo importe superan los 3,6 millones de euros y que deberán ser devueltas por el Ayuntamiento tras no haber sido ejecutadas por el anterior gobierno del PSOE. El ejecutivo, a través de un comunicado, considera que “es obligación del Ayuntamiento poner en conocimiento de la Justicia la utilización de estas subvenciones para otros fines, sobre todo, teniendo en cuenta que era dinero destinado a la creación de empleo en una ciudad que se ha visto especialmente azotada por la crisis económica y en la que las ayudas a la reindustrialización deben ser una prioridad”. Leer noticia completa

Pilar Cuartero, responsable de Igualdad de la Diputación, acompañada de Isabel Paredes, delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud; y Susana Sánchez Toro, delegada de Medio Rural, ha presentado en Jerez, la convocatoria de Ayudas de la Diputación a proyectos de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades locales autónomas, y mancomunidades con una dotación de 46.500 euros para 2013. La diputada de Igualdad  ha explicado a responsables de las pedanías jerezanas cómo acceder a estas ayudas (BOP de 15 de julio), gestionadas por el servicio de Igualdad del área de Desarrollo y Bienestar Social.

La diputada Pilar Cuartero ha destacado el compromiso de la Diputación con los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia, “para que puedan desarrollar iniciativas que fomenten la igualdad“, y ha emplazado a todas las ELA de Jerez “a presentar sus proyectos a esta convocatoria porque queremos que se hagan más programas de igualdad en coordinación con otras administraciones”.

Isabel Paredes ha manifestado que esta presentación responde a la voluntad del Ayuntamiento de Jerez de mantener un trabajo coordinado con otras instituciones que “nos permita optimizar y rentabilizar recursos, programas y experiencias en actuaciones de bienestar social, salud e igualdad, de manera que se evite solapar y duplicar recursos”. La convocatoria de estas ayudas permite la compatibilidad de proyectos entre administraciones. La delegada ha agradecido la disposición a nivel político y técnico de la Diputación. Susana Sánchez ha resaltado el esfuerzo permanente de la Diputación con las entidades locales autónomas y las barriadas rurales.

Las ayudas se pueden solicitar hasta el 7 de agosto y tendrán que ser empleadas para “la realización de proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o que vayan destinados a facilitar la participación social de las mujeres y superar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo”, según rezan las bases de las ayudas. Las subvenciones que se concedan deberán emplearse exclusivamente en la realización de actuaciones y gastos de funcionamiento sin que puedan destinarse a inversiones ni a la financiación de equipamientos.

Para la concesión de las ayudas se valorará la incidencia social del proyecto y el número de posibles personas beneficiadas, su evaluación técnica, la variedad y complementariedad con respecto a los años anteriores, la innovación, el grado de cumplimiento que la entidad solicitante en ediciones anteriores, la inclusión de la perspectiva de género en el proyecto, su redacción en un lenguaje no sexista ni excluyente y la aportación económica, humana y material de la entidad. También se requerirá certificado de de acuerdo corporativo de aprobación de la solicitud de la subvención.

La memoria de justificativa del proyecto se deberá presentar antes del 26 de noviembre haciendo constar el nombre del proyecto, la entidad responsable, datos de las personas responsable, objetivos previstos, grado de cumplimiento, actividades realizadas, coste total del proyecto y publicidad realizada. Para más información las entidades pueden dirigirse al servicio de Igualdad del área de Desarrollo y Bienestar Social (teléfono 956292901, e-mail igualdad@dipucadiz.es).

Fundación Aspace Sur, Fundación Down Jerez Aspanido y Asociación Jerezana de ayuda a afectados de VIH/SIDA Siloé han sido elegidas por los distintos grupos de interés de DKV Seguros (empleados, clientes, proveedores, mediadores y profesionales sanitarios), con 1388, 1241 y 950 votos, respectivamente, como beneficiarias de la VIII Convocatoria Pública de Ayudas para Proyectos Sociales y Medioambientales. Los 3.579 votos que han recibido las tres entidades de la provincia suponen el 27% de los 12.807 votos contabilizados en esta edición.  

Las tres entidades jerezanas recibirán, cada una, 12.000 euros para financiar los proyectos presentados. El 80% del total, 9.600 euros, ha sido entregado a los representantes de las tresentidades en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Jerez y al que han asistido la alcaldesa, María José García-Pelayo, el director de las sucursales de DKV Seguros en la provincia de Cádiz y director nacional de Desarrollo Corporativo de la Fundación DKV Integralia, Antonio Vila. También ha estado presente y ha contado su experiencia Elena Jacinto, empleada de la Fundación DKV Integralia y jugadora de tenis adaptado. El 20% restante se entregará al finalizar el proyecto.

LOS PROYECTOS

El proyecto presentado por la Fundación Aspace consiste en la instalación de un parque biosaludable adaptado para la promoción de la salud y la actividad física en personas con parálisis cerebral y trastornos afines. El objetivo es que un equipo de profesionales de rehabilitación pueda trabajar para complementar la aplicación de técnicas terapéuticas en ámbitos como el de la psicomotricidad y el deporte.

Fundación Down Jerez Aspanido dedicará la ayuda a poner en práctica acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome Down u otra discapacidad intelectual.

Por su parte, la Asociación Jerezana de ayuda a afectados de VIH/SIDA Siloé lidera un proyecto que tiene por objetivo fomentar la prevención y tratamiento de las enfermedades que son las principales causas de muerte infantil y prematura en el barrio suburbial de Munhava de la ciudad de Beira, Mozambique.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha abonado, en el marco de la campaña 2012/2013, una ayuda de 4,9 millones de euros a 197 viticultores andaluces que han participado en 21 planes dirigidos a la reestructuración y reconversión de 452,90 hectáreas de viñedo de las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga. Cádiz es la segunda provincia en importe de ayudas, más de 1,7 millones de euros, dirigidos a 36 viticultores y nueve planes que afectan a una superficie de 152,37 hectáreas. De estas ayudas, 1,44  millones de euros corresponden a un total de seis planes y 123,38 hectáreas del municipio de Jerez. En dicho municipio se benefician un total de 22 viticultores.

Esta ayuda, que en el caso de la provincia gaditana representa una financiación del 75% de la inversión total realizada por los agricultores, contribuirá a fomentar el desarrollo del sector, a través de la diversificación de su estructura varietal, la adaptación de su producción a la demanda de los mercados y la mejora de la estructura productiva de sus explotaciones.

Entre las actividades subvencionables a través de esta línea de ayudas se encuentran la modernización de las plantaciones y la trasformación del viñedo de vaso a espaldera que estuvieran incluidas dentro de los planes aprobados previamente y que han sido ejecutadas de acuerdo al calendario de actuaciones previsto en los mismos. Estas ayudas se financian con fondos procedentes de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

La diputada socialista, Mamen Sánchez, ha denunciado que “el Gobierno aprovecha la reforma de la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas para suprimir las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar vivienda de protección oficial (VPO)”. En concreto, y según los datos facilitados por el Ejecutivo en respuesta a una batería de preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista, hay cerca de 300.000 personas afectadas en toda España por la supresión de estas subvenciones, y en Jerez el número de afectados se estima en más de 4.000.

“Las ayudas de subsidiación suponían una subvención a una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una vivienda de protección oficial y eran de gran trascendencia para muchas familias; un derecho que estaba reconocido por los planes de vivienda de gobiernos anteriores y que ahora ha desaparecido de un plumazo”, subraya la diputada socialista.

Mamen Sánchez explica que el Real Decreto-20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad eliminó la subsidiación de créditos para la compra de viviendas de protección oficial en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, incluidas las que estaban en tramitación y no hubieran sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.

Sin embargó, -explica la portavoz socialista- “el Gobierno no aclaró si se podrían prorrogar las ayudas de planes anteriores, pero a través de la Ley del alquiler, han hecho un nuevo recorte y dan un nuevo revés a los ciudadanos que tenían reconocida la subsidiación de los préstamos para la compra de VPO”.

CONSECUENCIAS

“Unas medidas que supondrán, por un lado, que la gente que acudió a una vivienda de protección oficial subsidiada va a tener que pagar entre 200 y 400 euros más al mes, y, por otro, que “muchas personas que tenían concedida esas ayudas a la entrada y a la subsidiación de vivienda ya no van a poder recibir esa ayuda y perderán la casa que tenía concedida, dado que la Ley establece un plazo de dos meses para formalizar la hipoteca de la vivienda que tenían concedida y la mayor parte de los beneficiarios no van a poder hacerlo”, asegura la parlamentaria del PSOE.

Para la diputada socialista  “es una medida injusta y más en unos momentos en los la gente necesita más que nunca la ayuda de las administraciones. Las familias en situación de mayor insolvencia ya no notan sobre sí la asfixia de la crisis sino las decisiones del Gobierno”, afirma.

En este sentido, Sánchez  ha subrayado que el Grupo Socialista ha registrado una Proposición no de ley para su debate en Pleno, en la que se insta al Gobierno a derogar de forma inmediata, los apartados del Real Decreto-20/2012 y de todos los decretos y leyes posteriores, que eliminen las ayudas de subsidiación, y se pide también que se aprueben los cambios oportunos para mantener este derecho, así como para solicitar una prórroga del mismo.