Unas 40 personas han pasado la noche encerradas en el centro cultural de La Barca, en el que trabaja Puri Álvarez, la empleada a la que el alcalde, Alejandro López, le ha comunicado su despido después de siete años y medio como técnico de cultura de la pedanía.

El numeroso grupo, integrado por miembros de la CGT compañeros de la afectada, permanecerá hoy hasta el mediodía en el centro para insistir en la readmisión de Álvarez, sobre todo porque “el Ayuntamiento no ha cambiado de postura y sigue insistiendo en despedirla después de que Diputación haya dejado de abonar los 5.000 euros que daba para la cultura en la población”, como ha explicado Juan González. Desde el sindicato insisten en que ella tiene contrato indefinido con el Consistorio pedáneo independientemente de las ayudas que lleguen.

Sea como fuere, el de esta pasada noche no será el único acto de protesta, ya que el próximo sábado día 15 están previstas una serie de acciones reivindicativas de carácter cultural, al tiempo que el próximo día 18, un día antes de que se haga efectivo el despido, se ha convocado una manifestación por las calles de La Barca.

También se están recogiendo firmas contra este despido desde diversos colectivos con los que colabora activamente la trabajadora, como la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez, desde la que reprochan esta medida que afecta a una persona “implicada y luchadora”.

Desde el Ayuntamiento pedáneo han apuntado que están realizando gestiones por si hubiera algún presupuesto para la cultura de la pedanía que permita seguir contando con ella. Incluso van a acudir a la Diputación por si hubiera alguna vía.

Decenas de miembros del sindicato CGT se han encerrado hoy durante todo el día en el Ayuntamiento de La Barca en protesta por el despido de Puri Álvarez, empleada del Consistorio de la pedanía desde hace 7 años y medio, y donde era hasta ahora la única técnico de Cultura. Leer noticia completa

La batalla judicial contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en el Ayuntamiento de Jerez ya se ha iniciado después de que el sindicato mayoritario en la plantilla municipal, la CGT, haya presentado esta mañana en Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera de las demandas colectivas contra este proceso.

Según han explicado fuentes jurídicas de este sindicato, la demanda insiste en que no existe causalidad entre los despidos y las razones económicas esgrimidas por el gobierno local, ya que los criterios que recogía la nueva reforma laboral y que justificaban los ERE en el caso de las empresas privadas no se pueden aplicar en el caso de la administración.

El documento presentado hoy en Sevilla también habla de irregularidades recabadas a lo largo del proceso, no solo por la mala fe durante el periodo de negociación, sino también por la falta de información entregada a los representantes de los trabajadores en las consultas y por no haber dado ni siquiera un plazo oficial de alegaciones. Y se centra también en la arbitrariedad, falta de imparcialidad y subjetividad de los criterios aplicados para seleccionar a los afectados por la medida.

Ahora se abre un plazo de dos meses para esta demanda y, además, en caso de que sea admitida por el TSJA se paralizará el proceso que tiene cada uno  los 260 afectados por lo despidos para presentar su demanda individual.

“Es la chapuza de las chapuzas”. De esta forma valoró esta mañana el concejal del PSOE Juan Pedro Crisol el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez y del que dijo que que está plagado de “irregularidades” por lo que está convencidos de que “tiene todas las papeletas para que lo tumben los tribunales”.

Lo curioso es que de lo que echó mano precisamente el concejal para hacer este análisis es el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el ERE, del que dijo que es un “traje a medida” porque lo ha realizado por un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, pero que a su juicio, y pese a lo que defendió el PP, también es “demoledor” poniendo de relieve los puntos flacos del ERE.

Por ejemplo, Crisol denunció que en el informe  se desprende que “no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años  cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores” y que tampoco existe “el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido”. El edil socialista apuntó que “ya hay dos elementos esenciales que exige la ley que no existen en el ERE”.

Eso sin olvidar, como puso de relieve este medio, que el informe también advierte que “no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique”. De hecho, recalcó es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección  deben ser “objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas”.

Según Crisol, “el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados”.

Por su parte, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CGT, ya ha anunciado que será el lunes cuando presente la demanda colectiva contra el ERE. En el documento, que será interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plantea que el expediente es inconstitucional porque no se pueden aplicar en una administración local los criterios de eficacia económica que rigen para empresas privadas.

Pero es que además, como ya han denunciado diferentes colectivos, denuncian que la aplicación del ERE ha puesto en peligro la prestación de algunos servicios públicos.

En la demanda, el sindicato mayoritario también señala que no hay causa para llevar a cabo los despidos en el personal laboral del Ayuntamiento, y tampoco se olvida de reflejar que el gobierno ha actuado con mala fe negociadora “al no tener en cuenta las propuestas de la comisión negociadora”.

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, este mismo sábado, el PP ha respondido. Y lo ha hecho nuevamente culpando a Pacheco y al PSOE de ser los repsonsables principales de la actual situación económica del Ayuntamiento. Considera “indignante” que tanto los socialistas como el exalcalde salgan continuamente a atacar al gobierno municipal por llevar a cabo un ERE en la plantilla municipal, que “es consecuencia directa de la mala gestión y el derroche de las etapas de gobierno de Pacheco y del PSOE”.

Para los populares, estos grupos de la oposición “no tienen legitimidad alguna para criticar esta medida dolorosa pero al mismo tiempo necesaria para sacar adelante el Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”.

Desde el PP se entiende que PSOE y Pacheco “van de nuevo de la mano porque a ninguno les interesa que en el Ayuntamiento de Jerez se ponga orden y se acabe con el caos que ellos generaron cuando gobernaron, así como se empeñan en sabotear todos los pasos que da García-Pelayo y su equipo hacia la recuperación socioeconómica de Jerez”. En este sentido, los populares afirman que “la deslealtad de PSOE y de Pacheco hacia los jerezanos es total y evidente”.

Por ello, para el PP “es vergonzoso que PSOE y Pacheco estén utilizando el ERE y a los trabajadores afectados para tapar el mal que ambos partidos originaron, permitiendo que la plantilla municipal llegara a estar sobredimensionada y sumida en el caos, tal y como refleja el Informe de la Inspección de Trabajo, que los señala como criterios objetivos que avalan el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Los populares piden a PSOE y a Pacheco que “dejen de intentan confundir a los ciudadanos tergiversando el Informe de la Inspección de Trabajo, porque éste es muy claro y no deja lugar a dudas. El informe considera que existen causas económicas probadas, que ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento y que los criterios de designación han sido objetivos y razonables”.

“Y es que una ciudad como Jerez, que obtiene 80 millones de ingresos a través de los impuestos, no puede permitirse pagar 110 millones de euros a la plantilla municipal”, concluye.