La Policía Local está desarrollando desde esta semana distintos controles antidroga en colaboración con la Dirección General de Tráfico y formando parte del proyecto europeo DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). La base del citado proyecto es aunar y coordinar todos los campos de investigación desarrollados en materia de alcohol, otras drogas y medicamentos y seguridad vial. DRUID está promovido por la Comisión Europea y tiene como objetivos principales profundizar en el conocimiento del problema del consumo de alcohol, otras drogas y medicamentos en los conductores, revisar las posibilidades de intervención y armonizar las actuaciones en el marco europeo de la Unión Europea para optimizar las políticas preventivas aplicar.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, explica que “es un motivo de satisfacción para la Policía Local de Jerez que la Dirección General de Tráfico tenga en cuenta la labor que realiza el cuerpo de Policía Local a la hora de desarrollar en nuestro país el proyecto DRUID. En materia de Seguridad, Jerez es una referencia internacional como evidencia la organización del Mundial de Motociclismo, y esta labor de la Policía Local coordinada con otros cuerpos no pasa inadvertida para la DGT”. En este sentido, Durá subraya que “desde el Ayuntamiento de Jerez agradecemos a la DGT la confianza que muestra en la Policía Local y el hecho de haber elegido a Jerez, entre otras ciudades españolas del mismo perfil poblacional, para ser base de controles de este importante programa a nivel europeo. Asimismo, también quisiera agradecer el apoyo expreso de la Jefatura Provincial de Tráfico en la configuración del dispositivo que estamos realizando”.

La Policía Local, durante el presente mes de junio, tiene previsto establecer 8 controles antidroga en distintas zonas de la ciudad y otros 8 durante el mes de noviembre. La Jefatura Provincial de Tráfico apoya el dispositivo con un vehículo adaptado de control y distintos tipos de instrumentos de detección de drogas como analizadores de sustancias estupefacientes y etilómetros evidenciales. La población susceptible de ser sometida a estos controles son los conductores de vehículos que circulan por vías públicas, indistintamente de su nacionalidad, en ámbito urbano e interurbano y en vehículos a motor. Los que ofrezcan resultado positivo en alguno de estos controles preventivos se enfrentarán a una sanción de 500 euros y seis puntos menos en el carné de conducir. También queda abierta la posibilidad de una sanción penal. 

El 20 de septiembre de 2008 ocurrió un trágico suceso por el que mañana viernes se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez Daniel G. D., acusado de atropellar a un peatón con resultado de muerte. Como figura en la calificación del fiscal, el conductor transitaba con un Ford Focus por Villamartín en una vía urbana cuya limitación está fijada en 20 kilómetros por hora según una ordenanza municipal, y en la que se encontraban dos pasos de peatones a escasa distancia el uno del otro. La cuestión es que el sujeto, y siempre según el fiscal, conducía a una velocidad media de 99.5 kilómetros por hora superando así ampliamente lo establecido en la citada ordenanza, e incluso en el Reglamento General de Circulación que estipula un máximo de 50 kilómetros por hora en ciudad.

A las 10.35 horas y a la altura de uno de los pasos de cebra, el conductor atropelló presuntamente a un peatón mientras circulaba a más de 100 kilómetros “sin ninguna precaución y sin la atención debida”, en una vía con buena luminosidad y sin obstáculos de ningún tipo. Cuando fue requerido por la Guardia Civil, se sometió a la preceptiva prueba de alcoholemia arrojando un resultado negativo. Sin embargo, dio positivo en consumo de cannabis y éxtasis lo que según el fiscal influyó en su conducción. La víctima, por su parte, falleció una hora después como consecuencia del golpe, cuya violencia fue tal que uno de sus zapatos apareció en la terraza del primer piso de un bar cercano.

Por todo ello, el Ministerio solicita cuatro años de prisión para el procesado, por un presunto delito de homicidio imprudente grave, en concurso con los delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, además de la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años. Junto a ello, fija una indemnización de 78.628 euros para la viuda de la víctima, y 8.736 euros para cada uno de sus seis hijos.