La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha denunciado que la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) supondrá inevitablemente un “daño” y un “deterioro” del servicio que prestan el aeropuerto de Jerez y el helipuerto de Algeciras. Cortés, en comparecencia en el Parlamento, ha asegurado que “la operación implicará en toda Andalucía destrucción y precarización del empleo, merma de la calidad de la oferta turística y empeoramiento del servicio público”.

A su juicio, este proceso provocará “un deterioro del aeropuerto de Jerez”, ya que supondrá “reducciones de horarios, destinos y líneas aéreas, así como colas de pasajeros en los puestos de control y de facturación”. Todos estos efectos “desgraciadamente empeorarán en la temporada alta turística”, ha subrayado Cortés, quien ha recordado que “un aeropuerto es la puerta de entrada del turismo, lo primero y lo último que se ve de una ciudad”.

Riesgo de cierre del helipuerto

En cuanto al helipuerto de Algeciras, la titular de Fomento y Vivienda ha alertado de que “esta infraestructura correrá el riesgo de cerrar sus operaciones inmediatamente después de la privatización de AENA”, teniendo en cuenta que desde el 23 de julio de este año tiene suspendidos de forma temporal los enlaces. Al respecto Cortés ha explicado que este helipuerto, inaugurado en julio de 2012, sólo ha funcionado de forma ininterrumpida durante año y medio. “Su actividad cesó porque la concesionaria argumentó que la línea Algeciras-Ceuta no era rentable, lo que motivó que se incluyera dentro del conjunto de dotaciones que había que adaptar y disminuir horarios”, ha aclarado.

En su intervención, la consejera Cortés ha resaltado que con la privatización, el Gobierno pretende “ceder irresponsablemente la gestión de los aeropuertos públicos a los intereses privados, al amparo de la actual crisis, acabando así con uno de los mayores gestores aeroportuarios mundiales, responsable de una red que supone para nuestro país una red de infraestructuras elementales para la cohesión territorial y social, así como para el turismo”.

En ese sentido, la titular de Fomento y Vivienda ha explicado que “la cacareada viabilidad económica conseguida por AENA en 2013 se hizo por una feroz política de recortes de gastos que van más allá de una mínima racionalización”, afirmando que se ha realizado “a costa de reducir la calidad de los servicios y los horarios de las operaciones, lo que se ha traducido en una reducción de personal y en el abandono de su actividad por parte de muchas empresas instaladas en los aeropuertos españoles; y también a costa de subidas generalizadas de tasas, lo que está hundiendo los tráficos aéreos en algunos de esos aeropuertos, como es el caso de Barajas”.

A juicio de Cortés, la privatización se traducirá en el incremento desmesurado en la cadena de subcontrataciones, como consecuencia de las reestructuraciones de costes; en la subida de tasas generando un déficit tarifario; y en una pérdida de inversión en infraestructuras que mermará la calidad y la seguridad del servicio público. Asimismo, ha incidido en que “no hay ni un solo argumento esgrimido por parte del Gobierno central que esté relacionado con el interés general y el beneficio público para legitimar esta operación”, a lo que ha añadido que “los aeropuertos son y deben seguir considerándose como garantes de un servicio público”.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha acordado la cesión de un local público a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para que instalen su sede en Jerez. El establecimiento cedido es titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y está situado en la promoción de 112 viviendas de la Junta en el Polígono Sur de Jerez, concretamente en la calle William Shakespeare. 

La cesión, con una duración de dos años prorrogables, se sustenta en un convenio firmado por la consejera Elena Cortés y el presidente de la PAH en Jerez, Lorenzo Barba. El acuerdo contempla la cesión del local con un compromiso por parte de la entidad beneficiaria de asumir el coste de la adecuación del espacio, que tiene una superficie útil de 97,37 metros cuadrados.

“La PAH forma parte de lo mejor y más admirable de la sociedad. Es un colectivo movilizado, organizado y comprometido que defiende una causa justa, el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, por citar tres textos fundamentales”, ha señalado Cortés, quien ha animado a la PAH a “seguir batallando y manteniéndose en el centro del conflicto de la vivienda”.  En ese sentido, ha recordado cómo la “lucha incansable de la PAH” le ha costado ser “denigrada, atacada, calumniada y víctima de odiosas comparaciones por parte de la derecha, dentro y fuera de las instituciones”.