Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empresario de cincuenta y un años de edad, natural y residente en Jerez como presunto responsable de sendos delitos de estafa y usurpación de estado civil. El detenido había  suplantado la identidad de otro vecino de la ciudad para, haciéndose pasar por el, solicitar en su nombre un crédito de 10.500 euros a una entidad bancaria así como numerosas línea telefónicas en varias compañías operadoras.

La víctima se sorprendió cuando llegó a su nombre un requerimiento de pago de dicha cantidad emitido desde un Juzgado de lo Civil de Jerez a la vez que un bufete de abogados de la ciudad comenzaba a reclamarlo una supuesta deuda contraída con varias compañías telefónicas en base a unas líneas de telefonía móvil que él nunca había contratado.

El afectado acudió a denunciar los hechos a la Comisaría de Jerez donde se inició una investigación por parte de la Unidad de delitos Especializados y Violentos (UDEV) cuyos agentes desvelaron la forma en la que se había llevado a cabo la estafa e identificaron a la persona responsable, quién fue detenido como presunto autor de dos delitos; un primero de estafa y otro de usurpación del estado civil al suplantar la identidad del afectado siendo puesto acto seguido a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Información obtenida a partir de un currículum vitae

Los investigadores descubrieron que el detenido poseía los datos personales de la víctima por un currículum vitae entregado hace unos meses solicitando un puesto de trabajo en la empresa de la que el detenido es titular. De esta forma, utilizando los datos personales aportados por la víctima, el detenido habría falsificado varías nóminas con el membrete de su propia empresa a nombre del afectado, simulando que este estaba trabajando efectivamente en su negocio, cosa que realmente nunca llegó a ocurrir.

Acto seguido y valiéndose de la falsificación de otros documentos habría suplantado la identidad de la víctima haciéndose pasar por el para acudir a una entidad bancaria y solicitar un crédito personal de 10.500 euros cuyo montante total el detenido disfrutó mientras que los gastos de amortización se cargaban directamente a nombre del afectado.

Paralización de las acciones civiles y reclamaciones contra la víctima

La investigación y las pertinentes diligencias penales policiales y judiciales han servido para paralizar todos los procesos civiles y reclamaciones contra el afectado ya que ha quedado acreditado que la victima era ajena a los hechos y no era beneficiario de las acciones delictivas del arrestado.