El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos ha vuelto a no comparecer este miércoles ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Y ello pese a que la propia magistrada le había advertido de que, si no acudía, “la orden de citación podrá convertirse en orden de detención”. Esta no se ha producido de momento, pero no se descarta que pueda producirse en las próximas horas. Podría depender, al parecer, de que Ruiz-mateos remitiese un certificado médico que acreditase la enfermedad que alega para no comparecer ante la juez Alaya.

Cabe recordar que el empresario fue citado a declarar inicialmente el pasado día 5 de marzo junto a su hijo Zoilo, pero no acudió, por lo que lo volvió a citar para este miércoles, a partir de las 11.00 horas, advirtiéndole de que la orden de citación podrá convertirse en orden de detención si no se presentaba.

En un comunicado, Ruiz-Mateos aseguró este martes que no iría a Sevilla a declarar porque “no cree en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces”, por lo que “reitero que no iré a Sevilla a declarar, así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente”. “Haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan, lo único que puedo aguardar en este maravilloso país tomado por sinvergüenzas de la política, la banca y la judicatura”, aseveró.

Zoilo, para quien la acusación que ejerce la Junta pidió una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros, sí compareció el pasado miércoles ante la juez y aseguró que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre.

La juez Alaya imputa tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.