Según han avanzado ya diferentes medios de alcance nacional, el popular cartel de Tío Pepe (González Byass) volverá próximamente a la Puerta del Sol, aunque no se ha avanzado ningún plazo todavía. Eso sí, se trasladará desde el antiguo Hotel París, donde ha estado ubicado hasta ahora convirtiéndose en un icono de la céntrica plaza madrileña, hasta el número 11 de la misma. Se ubicará, concretamente, en el edificio donde está la tienda de libros de El Corte Inglés; es decir, entre las calles Preciados y Carmen.
La Comisión de Patrimonio Histórico de Madrid, conformada por la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Madrid, se reúne precisamente este viernes y más que previsiblemente dará el visto bueno al cambio, según han señalado diversas fuentes a medios como La Razón, Telecinco, El Mundo o Europa Press.
Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento ya han asegurado que no se van a oponer a la nueva instalación en la plaza, que está declarada Bien de Interés Cultural. Una vez que se apruebe en la Comisión, se deberá proceder a solicitar una licencia de instalaciones de acuerdo con la ordenanza de publicidad exterior, que habilita el Área de Medio Ambiente, han explicado fuentes municipales. La Comisión analizará la petición que ha hecho González Byass después de meses buscando una ubicación al cartel que hasta ahora estaba en el edificio que la empresa Apple lleva casi un año reformando para abrir una tienda en el kilómetro cero de la capital. Por lo visto, la comunidad de propietarios del número 11 ha dado su autorización y se colocará en la azotea.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 20 personas como presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína entre Madrid y la provincia de Cádiz. Como consecuencia de esta operación, denominada ‘Aceituno’, se han incautado más de cuatro kilos de cocaína, dos de hachís y medio de marihuana, más de 54.000 euros en metálico, 5 vehículos, así como más de 10 kilos de distintas sustancias y numerosos efectos para la elaboración y corte del estupefaciente.
Esta operación policial se inició como consecuencia de otra anterior denominada ‘Mirlo‘ en la que, de forma conjunta con el Cuerpo Nacional de Policía, se desarticuló una trama dedicada al tráfico de cocaína en las localidades de El Puerto de Santa María (Cádiz) y El Cuervo (Sevilla). En esta operación se detuvo a 19 personas y se incautaron 3 kilos de cocaína y diversas cantidades de otras drogas. Entre los detenidos por esa operación se encontraba el principal investigado por la operación Aceituno, Eduardo H.B., de 31 años de edad, natural y vecino de Jerez, el cual retomó su actividad ilícita en cuanto salió de prisión.
Dos canales de distribución
Las investigaciones destaparon que esta persona estaba al frente de una organización dedicada al transporte de cocaína entre Madrid y la provincia de Cádiz, contando con dos líneas principales de distribución. De la primera de ellas, se encargaba Juan Carlos G.L. de 41 años y vecino de El Puerto de Santa María, que se dedicaba a la distribución y venta de cocaína en esa localidad y en El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, además de recoger los beneficios económicos con los que financiaban nuevas compras de cocaína en Madrid.
Al frente de la segunda línea estaba Francisco Javier G. G., el cual se encargaba de la distribución de la droga en Jerez utilizando una casa en la que se ejercía la prostitución, donde se suministraba tanto a clientes como a otros camellos para su venta al por menor y a otras personas que frecuentaban la vivienda con la única finalidad de la adquisición y consumición de sustancias estupefacientes. A su vez utilizaba a otros dos miembros de la organización, uno de ellos su propio padre, para la distribución en la localidad de San José del Valle y pedanías colindantes, donde contaban con otras personas para la posterior distribución de la droga.
Una vez identificados los principales miembros de la organización afincados en la provincia de Cádiz, así como a las personas que empleaban, el pasado día 17 de julio se procedió a la explotación de la primera fase de la operación, en la que se detuvo a 12 personas y se imputó a otras seis, efectuándose siete registros domiciliarios en los que fueron halladas numerosas dosis de cocaína y hachís, balanzas de precisión, grandes cantidades de dinero en efectivo, así como medios electrónicos y de comunicación que eran utilizados para la comisión de los delitos, quedando desmantelada la parte principal de la organización.
El estudio de la documentación incautada y las declaraciones de los detenidos permitieron continuar con la segunda fase de la operación. A principios del mes de agosto, los investigadores procedieron a la total desarticulación de la organización delictiva, tras la identificación de los miembros de la organización que residían en la localidad de Madrid. Esta rama preparaba el suministro de importantes cantidades de cocaína para su traslado a la provincia de Cádiz, para lo que se servían de dos correos, los cuales también fueron detenidos, a pesar de las fuertes medidas de seguridad que adoptaban para evitar ser detectados por los agentes.
Laboratorio de cocaína en roca
Simultáneamente se procedió al desmantelamiento de un laboratorio para el tratamiento de la cocaína ubicado en un domicilio madrileño, principal canal de distribución, donde se incautaron unos tres kilos de cocaína en roca de un altísimo nivel de pureza, así como cocaína en polvo preparada en dosis de distintos tamaños, 10 kilos de precursores para el corte, 2 kilos de hachís, más de cien comprimidos de distintas marcas utilizados para aumentar la potencia sexual.
Además se han incautado numerosos medios y herramientas como molinillos, prensas, pesos, básculas, envasadoras al vacío, máquinas de recuento de billetes, máquinas destructoras de papel y plástico, secadoras, bombillas de alto consumo, bolsitas con precintos, plásticos para el recubrimiento de la cocaína compactada así como para elaboración de dosis, además de 54.000 euros en metálico. Los agentes tuvieron que descubrir un ingenioso sistema electrónico de ocultación para poder acceder al interior del laboratorio.
Los detenidos y todo lo incautado han quedado a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Jerez.
Unos 600 habitantes de las siete pedanías de Jerez se han desplazado esta mañana a Madrid para protestar por la intención del gobierno de hacer desaparecer las 3.723 entidades locales autónomas que existen en el país como parte de las medidas de ahorro de su anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.
Encabezados por sus alcaldes, los ciudadanos de Nueva Jarilla, El Torno, La Barca, San Isidro, Guadalcacín, Estella y Torrecera han reivindicado su propia identidad y la existencia de unos consistorios pedáneos que garantizan un mejor servicio a los habitantes de estos núcleos de población.
La marcha, convocada por la Federación Estatal de Entidades Locales Menores, ha partido al mediodía de la plaza de Cibeles, en dirección calle Alcalá que es donde se ubica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Allí, como han narrado a este medio varios de los alcaldes pedanéos que han viajado en autobús con sus paisanos a la capital del país, no han sido recibidos ni han podido entregar sus reivindicaciones al ministro Montoro.
Entre los manifestantes llegados desde Jerez ha destacado la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, que ha manifestado en la protesta para mostrar el desacuerdo del ejecutivo local con la supresión de las ELA pese a que se trata de un anteproyecto promovido por el PP desde el gobierno central.
La delegada ha reiterado el compromiso expresado por la alcaldesa en diversas reuniones con el entorno rural de “defender unos núcleos de población consolidados, con identidad propia, porque respetamos su historia, sus raíces y sus sentimientos como pueblo”.
Con los hombres y mujeres de estos pueblos también ha ido hoy el secretario regional de COAG, Miguel López, que ha rechazado la supresión de las pedanías porque esto “pone nuevo jaque la sostenibilidad de nuestros pueblos y al futuro del medio rural, cada vez más envejecido y despoblado por notables recortes en sanidad, educación, atención a las personas mayores, etc …, y promueve el desmantelamiento de la estructura social y productiva del sector agrario”.