El gobierno municipal ha hecho público un comunicado en el que insta a los  representantes sindicales “a buscar el consenso  y una solución que cumpla la legalidad y no excluya a ningún colectivo de trabajadores” del Ayuntamiento. En relación al desarrollo de las negociaciones del acuerdo-convenio, recuerda que las condiciones económicas están sometidas al Plan de Ajuste y “hay que lograr un acuerdo para aplicar las mejoras considerando los límites presupuestarios existentes”.

Insiste en que el acuerdo con los representantes sindicales “es fundamental” para poder aplicar las mejoras económicas a la plantilla municipal, ya que es necesario el acuerdo-convenio para aplicar conceptos similares al complemento personal transitorio (CPT).

Subraya también que “en nada favorece a los trabajadores municipales posiciones extremas de las diferentes secciones sindicales, que perjudica la adopción de un acuerdo global que beneficiaría a la globalidad de los trabajadores, y que depende del acuerdo entre los representantes el que se pueda aplicar con la mayor celeridad”.

Es por ello que afirma que espera y confía en que los representantes sindicales desbloqueen la situación “por el bien de los trabajadores y por la calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos”.

Apostilla que la propuesta que el gobierno municipal ha trasladado a los representantes sindicales en le Mesa de Negociación recoge una serie de criterios generales. Por un lado, recuerda que no es posible superar el límite presupuestario que marca el Plan de Ajuste municipal. Considera igualmente importante que todos los grupos profesionales y laborales del Ayuntamiento puedan tener acceso a estos complementos “de forma proporcionada y razonable, redundando en la mejora de los trabajadores con salarios brutos inferiores a 25.000 euros”. Además, insiste en que todos los acuerdos deben cumplir la legalidad vigente y por tanto “se deben respetar los límites legales de aplicación considerando las posibilidades existentes tanto para el personal funcionario como el laboral”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado hoy con el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, el contrato por el que esta empresa asume el suministro eléctrico para 872 puntos de dependencias municipales y alumbrado público en la ciudad. La adjudicación definitiva de este servicio a Endesa Energía SAU fue aprobada en Junta de Gobierno Local el pasado 23 de mayo.

Según los cálculos del equipo de gobierno, la firma de este contrato con Endesa Energía SAU supondrá un ahorro anual aproximado de hasta 2,3 millones de euros respecto a la facturación actual del Consistorio, que alcanza aproximadamente unos 7,5 millones de euros, y la mejora en la calidad del servicio.

La alcaldesa ha destacado la importancia de este contrato, ya que, según ha manifestado, “supondrá una mejora en la calidad del servicio, con un ahorro tanto en el consumo eléctrico como en la facturación anual”. Asimismo, ha mostrado su satisfacción “porque una empresa fuerte y solvente se haga con el contrato del suministro eléctrico, lo que da muestra de la confianza depositada en este Ayuntamiento, y, lo que es más importante, en la ciudad”.

García-Pelayo ha destacado que “con este acuerdo se cumple con otra de las medidas recogidas en el Plan de Ajuste, valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda, ya que, por un lado, se cumple con el compromiso de renegociación de todas los contratos de las concesiones con una reducción del 20%, y, por otro lado, con la contratación del suministro eléctrico en el mercado libre”.

La regidora municipal se ha mostrado confianza en que “fruto de este acuerdo surjan más y mejores posibilidades de colaboración que redunden en el objetivo común de ambas instituciones, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Por su parte, Francisco Arteaga ha explicado que “la oferta de Endesa incluye poner a disposición del Consistorio una batería de acciones que permitan ahorrar en el coste del consumo eléctrico, además que el concepto de eficacia energética se consolide en Jerez”. Arteaga se ha mostrado satisfecho con la firma de este acuerdo y ha asegurado que “este contrato supone un logro importante, tanto para Jerez como para nuestra empresa, ya que mejora las condiciones del mercado y vamos a prestar un servicio al Ayuntamiento que va a redundar en una mayor calidad y, además, tendrá nuestro asesoramiento para un mejor uso de la electricidad y, por tanto, en el consumo”.

La alcaldesa ha explicado que gracias a este contrato, el Ayuntamiento accede al mercado libre, cumpliendo la normativa vigente, y, por tanto, desaparece la penalización del 20% que estaba pagando hasta ahora.

Paralelamente a la contratación del suministro eléctrico, el Ayuntamiento está trabajando en el pliego de condiciones del contrato para el mantenimiento de alumbrado público.

El Servicio Municipal de Aguas de Jerez (en manos de la empresa Aqualia) ha emitido hoy un comunicado para informar a todos sus clientes que desde el 1 de mayo es de obligada aplicación la subida de la cuota variable del Canon Autonómico de Depuración de la Junta de Andalucía en toda la región.

Es decir, que habrá una ligera subida de la factura que, como recalcan desde la concesionaria, “está establecida por Ley por la Junta de Andalucía, ya que este impuesto es ajeno a la propia empresa suministradora y al Ayuntamiento de Jerez, y por tanto no tiene nada que ver con el cambio en el modelo de gestión del Servicio Municipal de Aguas“.

Eso supondrá un aumento aproximado de la factura que puede variar entre los 10 y los 31 céntimos de media al mes, más el IVA. Así, para una familia de dos miembros, tomando como referencia un consumo de 143 litros por habitante y día, que es la media andaluza que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE), se aplicará un importe adicional de 10 céntimos, en una familia de tres miembros bajo el mismo supuesto será de 18 céntimos, y para una de cuatro miembros de 31 céntimos.

Tal como ha explicado la empresa, este impuesto autonómico, que se viene aplicando desde 2011 a todos los andaluces, consta de una cuota fija de un euro al mes por vivienda, importe que permanece igual, y una cuota variable en función del consumo de agua que el cliente realice. La aplicación de esta cuota variable se viene haciendo de forma progresiva cada año hasta que en 2015 se llegue al 100% de la tarifa final establecida por la Junta de Andalucía. De esta manera, desde el 1 de mayo de 2012  hasta el 30 de abril de 2013 se venía aplicando el 45% de esta tarifa, y desde el pasado 1 de mayo está siendo el 60%.

Desde Aqualia también han insistido en que a pesar de que en la factura de agua aparece bajo titularidad de Aquajerez S.L., “este canon constituye un impuesto de la Junta de Andalucía, al que están obligados todos los usuarios de agua de las redes de abastecimiento, sean estos domésticos o industriales. Y toda entidad suministradora, sea esta pública, mixta o privada, está obligada por la Ley de Aguas de Andalucía a aplicar y recaudar el canon para ingresarlo en su totalidad a la Junta de Andalucía de forma semestral”.

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda 289 facturas pendientes de pago a proveedores cuyo montante total asciende a 32.087.820 euros. De esta manera, el Consistorio acoge a la ampliación del Plan de Pago a proveedores aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, por el que los proveedores pueden cobrar, a través del mecanismo de financiación y a partir del mes de junio, las facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012.

En este nuevo listado se incluyen facturas antiguas de otros gobiernos municipales como una de más de 3 millones de euros correspondientes a Jerez 2002, quedando aún pagos pendientes; además, se han remitido facturas por más de 22 millones de euros correspondientes a la deuda con Cojetusa, la antigua concesionaria de transportes urbanos. También hay cerca de 100.000 euros que quedaron pendientes de otras legislaturas por eventos como la celebración del Espárrago Rock e incluso de la Parada Hípica de 2007.

El Ayuntamiento puntualiza que de estos 32 millones un total de 18,4 millones se destinan a entidades bancarias, si bien corresponden a facturas que estos bancos tienen endosadas por parte de las empresas proveedoras, como es el caso de parte de la deuda con Cojetusa, Espárrago Rock, Jerez 2002, entre otros. Por tanto, el pago se destina a saldar la deuda que el Ayuntamiento mantenía con estas empresas. En este sentido, hay que recordar que el pago a proveedores está dirigido en su totalidad a saldar deuda comercial, y en ningún caso deuda financiera, tal y como se establece en el Real Decreto. Esta deuda comercial incluye facturas que han sido endosadas por los proveedores a bancos, mediante operaciones de cesiones de crédito, que siguen siendo deuda comercial.

Desde el gobierno municipal han recordado que el Consistorio se acogió en 2012 al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central, remitiendo tres listados de facturas que, entre mayo y julio, ascendieron a un total de 325.550.058,53 euros, siendo el segundo Ayuntamiento de España y el primero de Andalucía por volumen de deuda acumulada.

Hacen hincapié además en que el caso de Jerez fue muy complejo, debido principalmente al volumen de facturas y la antigüedad de las mismas, ya que en algunos casos se remontaba incluso a los años 90.

La ampliación del Pago a proveedores, aprobada por el Consejo de Ministros en más de 2.628 millones incluido en el Real Decreto Ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incluye, como principal novedad, nuevos tipos de contratos que pueden acogerse a estos créditos ICO, las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

La secretaria general del  PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.

En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”.  “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.

Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.