Isabel Paredes, delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, denuncia la situación de doble de desigualdad creada por la Junta de Andalucía al dejar sin intérprete de lengua de signos a una alumna con discapacidad de auditiva que realiza un curso de formación de empleo en El Zagal. La delegada ha explicado que esta alumna ha contado con intérprete lengua de signos española (LSE) durante cuatro meses “pero como se ha acabado el presupuesto del programa de apoyo la alumna se ha quedado sin intérprete. Lo más grave es que la Junta ni se ha dignado a avisar a la alumna que lo que iba a pasar”. El asunto ha recibido una respuesta inmediata de la Delegación de Impulso Económico, que realiza el curso de formación de la Junta. “Me consta que desde la delegación municipal, y a instancias  del delegado Francisco Cáliz, se han puesto en contacto con la delegación territorial de Educación para pedir una respuesta a la doble situación de desigualdad; primero por tratarse de una persona con una discapacidad y segundo por ser mujer. Es evidente de que la Junta en políticas de igualdad crea desigualdad”.

A la espera de esta respuesta, Isabel Paredes lamenta sobre todo el sin sentido de esta situación. “Estamos ante un dejadez absoluta, un ejemplo de cómo se vulnera una política garantista en materia social; las políticas de progreso son de boquilla. Cómo se explica sino que una persona que necesita un intérprete de signo para su formación laboral a mitad de curso se le quita por falta de dinero y sin previo aviso”. Para Isabel Paredes, la situación generada “es un claro ejemplo de vulneración derechos” y ha recordado que en materia de LSE el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo ante el vacío y la inoperancia de la Junta. “Desde que se pusimos en marcha los cursos de formación y sensibilización de lengua de signos española la demanda ha sido constante por parte de la ciudadanía que cada año llena todas y cada una de las convocatorias que desde esta Delegación Bienestar Social, Igualdad y Salud ofrecemos”, ha recordado.

De hecho, en estos tres últimos años mas de 300 alumnos y alumnas han certificado un primer nivel formativo “con lo que estamos alcanzando el objetivo que la Ley 11/2011 que regula la Lengua de Signos en nuestra Comunidad nos marca. Es obligación de las administraciones públicas favorecer el acceso a la formación inicial a la ciudadanía para eliminar las primeras barreras y sensibilizar a la sociedad”, ha enfatizado Isabel Paredes