Este jueves se celebra en Cádiz la vista oral contra Gil Silgado, Morales y Monterrubio, a los que los administradores del club y la Fiscalía consideran culpables de la gestión de la entidad.

El Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para los presuntos responsables de la situación económica del Xerez, que a finales de 2009 se acogió al concurso de acreedores.

Tanto el informe para la calificación del concurso emitido por los administradores concursales del proceso del Xerez CD como el del fiscal califican el concurso como culpable.

Tras el informe concursal, la Fiscalía pide el pago de una indemnización de esos 3,38 millones de euros para Joaquín Morales Domínguez, expresidente y máximo accionista del club; Antonio Fernández Monterrubio, exvicepresidente, exapoderado y exdirector general; y José María Gil Silgado, también expresidente de la entidad.

También solicita para ellos entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez CD, SAD.

En primer lugar, se pide una indemnización solidaria para los tres responsables que aparecen en el informe del fiscal de 2.061.402,75 euros, correspondiente a “recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria”.

Reclama igualmente para Joaquín Morales Domínguez y Antonio Fernández Monterrubio una indemnización de 1.181.046,09 euros, por el “montante de los bienes sin justificar que han salido del Xerez CD, SAD durante su gestión”, y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros, por “liquidación de intereses no practicada”.

Además se piden ocho años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa” de la sociedad Xerez CD, SAD para Morales y Fernández Monterrubio, mientras que para Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años.